Garantizar el derecho a la eutanasia debe ser contemplado en la Carta Magna de la Ciudad de México afirmó el diputado Israel Betanzos Cortés, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Betanzos Cortés recordó que el tema ha sido un trabajo que por varias legislaturas impulsaron los diputados priistas hasta lograr su legislación.
De igual manera, el coordinador del PRI recalcó que la Ley de Voluntad Anticipada es hoy en día un verdadero avance en el reconocimiento de los derechos de las personas enfermas en etapa terminal.
El diputado también celebró el cambio de posición de representantes de izquierda, quienes en legislaturas pasadas impidieron la aprobación de la iniciativa que permite a las personas enfermas y en etapa terminal decidir sobre su vida.
Pese a lo anterior, Betanzos Cortés afirmó, la Ley de Voluntad Anticipada en el Distrito Federal constituyó un avance en el reconocimiento de los derechos de las personas etapa terminal.
Coincidió con el constituyente en que es necesario plasmar en la Constitución local el derecho a la opción de bien morir y que no haya consecuencias sobre quién apoye a las personas que decidan morir con dignidad en casos extremos, con lo que no se contrapondría la obligación del Estado de tutelar la vida.
“En un país y sobre todo en una ciudad donde se tutela el derecho a la libertad, se debe respetar la opción de bien morir de aquellos que enfrentan una enfermedad incurable”, acotó.
La eutanasia, aseveró, es un proceso que se inicia con la petición voluntaria y reiterada del enfermo que tiene un padecimiento intratable, mortal, o que por caso fortuito o causas de fuerza mayor tiene una esperanza de vida menor y se encuentra imposibilitado para mantener su vida de manera natural y con una calidad de vida mínima e incompatible con su dignidad personal.
“En el proceso de transformación de la ciudad es importante contar con un marco jurídico que garantice el ejercicio del derecho a la libre elección de las personas respecto a la negativa de someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida”, aseguró.
El legislador constituyente Jesús Ortega propuso a la Asamblea Constituyente garantizar dicho derecho en la Constitución Política de la Ciudad de México.
