Con la intención de dar certidumbre laboral a los policías y bomberos de la Ciudad de México, el diputado José Gonzalo Espina Miranda presentó ante el Pleno el dictamen acerca de la Ley de la Caja de Previsión Social de la Policía Preventiva.
En su calidad como Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, dijo que la labor de policías y bomberos es poca reconocida y muy cuestionada.
“La naturaleza del trabajo les obliga a cumplir con condiciones especiales en las que se ponen en riesgo su integridad física para salvaguardar la seguridad de la población, los policías y bomberos de la capital cumplen con horarios complicados y están expuestos a altos niveles de estrés laboral, por eso los servicios que deben recibir debe de ser de primera calidad”, precisó el legislador.
El 14 de enero de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Caja de Previsión Social, la cual contempla el otorgamiento de prestaciones sociales y económicas para los miembros de la policía preventiva de la Ciudad de México que debido a la naturaleza y su profesión y el apego a lo establecido en el artículo 123 Constitucional en su apartado B), establece que: Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agente del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes.
La Caja de la Previsión Social de la Policía Preventiva del Distrito Federal, la CAPREPOL, como es conocida por sus usuarios, se creó a raíz del reconocimiento, que si bien los policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina son elementos policiales, también son trabajadores que deben gozar de los beneficios que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el resto de los trabajadores y es así que se les dotó de servicios y prestaciones para ellos y sus familiares directos, derechohabientes de dicha caja, así como y con el tiempo se otorgaron los mismos beneficios al Heroico Cuerpo de Bomberos y a la Policía Bancaria e Industrial, así como a los familiares derechohabientes de estas corporaciones que les aseguren el acceso al régimen de seguridad social, prestaciones y servicios a que tienen derecho.
El dictamen fue presentado como una ley para armonizar lo plasmado en la primera Constitución Política de la Ciudad de México.
Para razonar su voto, se expresó a favor del dictamen el diputado Alfonso Suárez del Real.
El legislador especificó que en primer término el artículo 17, de la Ley propuesta, está incrementando el porcentaje de aportaciones que hará el Gobierno de la Ciudad de México a favor de estos trabajadores que son en primer término los administradores, es decir la policía es la instancia que administra la ciudad de origen, que administra las normas, que administra a la urbe.
En segundo término, el artículo 51 de la ley se adecua a las disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México, en donde se establece que a partir de que entre en vigor la disposición constitucional, el director general de la caja será designado por una terna enviada por el Jefe de Gobierno y ratificada por las tres cuartas partes del pleno presentes del Congreso y tendrá una duración en el cargo de seis años, sin la oportunidad de ser reelecto para un periodo consecutivo.
