El director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Miguel Ángel Errasti Arango, clausuró el seminario que su última sesión fue dedicada al análisis del pluralismo en la Constitución Política de la Ciudad de México.

Como parte de esta ceremonia, el titular de este instituto entregó un reconocimiento a los participantes “como símbolo del esfuerzo y las ganas de seguirse capacitando para aportar lo mejor de sus conocimientos a la capital del país”, subrayó.

Por lo que refiere al próximo año, su director se comprometió a seguir trabajando en la firma de convenios con instituciones educativas, públicas y privadas, a fin de ampliar la oferta de capacitación en el ámbito legislativo.

Asistieron estudiantes de derecho, asesores técnicos de diputados y abogados. Los cursos fueron impartidos por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Azcapotzalco, Escuela Libre de Derecho y la Universidad Panamericana.

La maestra María Guadalupe Martínez Fisher, encargada de la coordinación de este seminario, puntualizó que el principal objetivo fue reflexionar la relación que existe entre la ética y el derecho.

A lo largo de cinco sesiones, agregó, se abordaron temas de relevancia como Ética y Constitución de la Ciudad de México; la Fundación Social del Suelo de la Constitución de la Ciudad de México; El Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México; Ética y Derecho Ambiental en la Constitución de la Ciudad de México y  Concepto de Pluralismo en la Constitución de la Ciudad de México.

En la última sesión, efectuada en el auditorio Benito Juárez de la ALDF, participaron con ponencias el doctor Julio Moguel Viveros, especialista en temas sociales, y el maestro José Alberto Aguilar Iñárritu, quienes analizaron la relevancia de la inclusión del pluralismo en el texto constitucional de esta capital.

El director general del Instituto, Miguel Ángel Errasti, expresó que este espacio es una forma de vincular el trabajo legislativo con la academia.

“Cuando tuvimos la intención de charlar sobre la función del suelo, lo que menos pensamos es que nos enfrentaríamos a una situación como la del sismo del 19 de septiembre (…) Nunca pensamos que iba a suceder lo que sucedió”, dijo el director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias.

La doctora Jasmín Anavel Monterrubio Redondo, de la UAM Azcapotzalco, planteó en su ponencia que el concepto de ciudad es un producto social y que debe servir al bien común.

Señaló que el derecho a la propiedad es un derecho humano; sin embargo, tiene una relación social de exclusión. Entre los desafíos del régimen de planeación urbana, destacó que los legisladores deben basar su postura en el bien común y que se requiere de una planeación urbana con principios éticos.

En su turno, el doctor Antonio Azuela de la Cueva, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, coincidió en la relación social de exclusión incluida en el concepto de propiedad privada. Cuestionó si la propiedad privada tiene una función o no, pues esto implica una relación de poder y es el de excluir.

Explicó que el significado de la propiedad de cada objeto va a ser variable y que el sujeto de la propiedad le imprime su carácter, si es un empresario, una familia o una empresa y que la propiedad privada es una relación social compleja y diversificada.

Como un ejemplo de los retos de la urbanización y la propiedad en medio de espacios con alta especulación, el arquitecto Enrique Ortiz Flores, de HIC-Hábitat Internacional Coalition América Latina, habló del desplazamiento de las familias pobres a otras zonas de la ciudad, lo cual afecta su calidad de vida por largos traslados y a sus familias debido a las largas ausencias de los padres.

Expresó que ha habido un desalojo invisible porque el precio del suelo se ha elevado generando una oferta masiva de microviviendas en la zona periférica de la ciudad con impactos negativos y creando una expansión irracional de ciudades dormitorio. Ante ello, planteó la necesidad de mantener políticas que permitan la adquisición de suelo por parte de productores sociales organizados.

El doctor Francisco Javier Dorantes, director de Relaciones Interinstitucionales de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, destacó que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no hay una mención sobre la función social de la propiedad.

Explicó que no es sencillo legislar sobre el concepto de la función social de la propiedad, y que la función social de la ciudad tiene que ver con el derecho a la Ciudad. Esto no como un derecho específico, sino como un grupo de derechos, como son la movilidad, el trabajo y la salud, entre otros. En ese sentido, la función social de la Ciudad sería el género y la función social de la propiedad sería la especie.

Martín Gabriel Rosas, secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Urbano de la ALDF, en representación de la diputada Margarita Martínez Fisher, dijo que tras el sismo, la Comisión trabaja en la dictaminación de la Ley del Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX, enviada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Al curso acudieron mujeres de todos los partidos políticos políticos con registro local.

El director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la ALDF, Miguel Ángel Errasti Arango, destacó que el IECM abre este espacio para que las mujeres puedan participar y comenzar con su capacitación académica a través de talleres, en donde podrán consultar, opinar y discutir sobre el Proceso Electoral Local 2017-2018.

El Consejero Presidente del IECM, Mario Velázquez Miranda, indicó que la Ciudad de México se encuentra ante un escenario en el que el Congreso Local deberá constituirse de manera paritaria.

En tanto, la directora de la oficina del National Democratic Institute for International Affairs (NDI) en México, Keila González, destacó la importancia para que las mujeres ocupen cargos de toma de decisión.

El consejero electoral Mauricio Huesca Rodríguez consideró que a partir de este momento, el concepto de violencia política de género deberá ser tomado en cuenta durante los procesos de las contiendas internas al interior de los partidos y, posteriormente, durante el proceso electoral.

“La violencia en México como en toda Latinoamérica lamentablemente está invisibilizada, hay estereotipos y discriminación por el simple hecho de ser mujer; esta violencia contra las mujeres no se puede permitir en el discurso político; si queremos transitar hacia una democracia incluyente y participativa, debemos abatir este tipo de violencia y esto sólo lo lograremos conociendo nuestros derechos y sus alcances”, sostuvo.

Al respecto en su conferencia magistral: Violencia Política de Género, la doctora María Macarita Elizondo Gasperín habló de los efectos políticos derivados de la discriminación, así como de las agresiones verbales y físicas hacia las mujeres.

Consideró indispensable buscar un liderazgo transformador a través de alianzas que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, les ayude a cubrirse de dichas agresiones y éstas no les afecten.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México en coordinación con el National Democratic Institute for International Affairs y el Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Durante la conferencia: ¿Qué tiene de importante la Constitución Política de la Ciudad de México?, la diputada constituyente habló sobre la importancia del gobierno abierto que busca fortalecer la democracia.

También recordó la paridad de género en la integración del próximo Congreso de la Ciudad de México.

En las instalaciones del Instituto Electoral del Distrito Federal mencionó que los concejales son un contrapeso y acompañarán en las decisiones a quienes esté al frente de la Alcaldía.

“Servirán como contrapesos porque, en la actualidad, los delegados toman decisiones autoritarias sin que nadie pueda objetar”, aseguró.

Recordó que la ALDF se transformará en el Congreso, así como el IEDF será el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y se incluyen las candidaturas sin partido.

Dijo que el elemento eje de la Constitución local es la carta de derechos, en el apartado están considerados todos los derechos con las mejores prácticas que incluyen convenciones y protocolos. El objetivo es: buscar las mejores prácticas que garanticen la dignidad de las personas.

Castañeda Badillo destacó que la Constitución capitalina considera a los migrantes, periodistas, comunidad homosexual, y a los afromestizos.

Quienes aspiren a ser candidato a jefe de gobierno deberán sumar un número de firmas que represente el 1 por ciento —74,274—  o más de la lista nominal de la Ciudad, que en total suma 7, 427,351 registros, en por lo menos el 35 por ciento de las delegaciones.

Para ser candidato a alcalde o concejal se deberá contar también con 1% de firmas de la lista nominal en el 35% de las circunscripciones de la demarcación en un plazo de 60 días. Por ejemplo, en Iztapalapa se cuenta con un registro de 1,399,455 personas en la lista nominal. Los aspirantes deberán juntar 13,995 firmas en 35 por ciento de la distribución de las circunscripciones.

Revisa aquí las circunscripciones de las alcaldías en la Ciudad de México.

Para ser candidata a diputada o diputado, también deberá juntar el 1 por ciento de firmas en el 35% de las secciones electorales de una demarcación, o de los distritos electorales en la ciudad.

Por ejemplo, en el distrito IV local de Gustavo A. Madero hay215,896 personas en la lista nominal, deberá juntar 2,159 firmas.

Los plazos para la entrega de firmas varían según el tipo de candidatura al que se aspira. Para jefe de gobierno, se contará con 120 días; para alcaldes y concejales y para diputados, será de 60 días.

El Consejo General del IECM determinará, a más tardar, el 29 de marzo de 2018, las candidaturas a Jefe de Gobierno. Para registrar las candidaturas a alcaldes, concejales y diputados, el Consejo Distrital cabecera delegacional y el Consejo distrital electoral, respectivamente. De manera supletoria, podrá hacerlo el Consejo General del IECM.

Las solicitudes de registro se recibirán en los mismos centros, del 15 al 22 de febrero de 2018.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueban los Line… by Constitución Política on Scribd

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció este miércoles la integración laboral de más empleados en congruencia con el texto de la Constitución de la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero pasado.

“Hoy estamos incorporando a 300 nuevas plazas de personas con discapacidad, hoy estamos incorporando a 300 nuevas plazas, se suman a nuestro ejército de dos mil personas con discapacidad en el Gobierno de la Ciudad de México”, dijo Mancera en el evento Constitución CDMX Integración Laboral para Personas con Discapacidad, organizado en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, acompañado por el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Leonel Luna Estrada.

La Constitución de la Ciudad de México reconoce en la carta de derechos los de las personas con discapacidad y mandata que “las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes razonables”.

En el Artículo 60, relativo al buen gobierno y la buena administración, señala: “Para garantizar el acceso a los derechos para las personas con discapacidad se deberán contemplar ajustes razonables, proporcionales y objetivos, a petición del ciudadano interesado”.

María Elena Hernández Lara, una de las organizadoras, mencionó que cada año las organizaciones del Comité de Seguimiento del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México (PDHCDMX) programan una seria de actividades que buscan fortalecer la actuación de las organizaciones civiles.

El objetivo del taller es generar un diálogo colectivo sobre los retos que se enfrentan y las oportunidades para fortalecer la defensa y promoción de los derechos humanos de la Ciudad a partir de la armonización legislativa que se realiza por la Constitución local.

Parte del primer reto es la armonización y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) ha demostrado que quiere garantizar los derechos humanos a través de las leyes secundarias.

“La constitución ha sido un gran avance en materia de derechos humanos. (…) Tenemos la primera Constitución del país con un capitulo completo en derechos humanos para la elaboración políticas públicas”, aseguró la académica.

Reiteró que el desafío es cómo pasar a la implementación de los derechos plasmados en la Constitución Política de la Ciudad de México, lo cual implica: una reingeniería en la Administración Pública en la Ciudad.

el seminario-taller va dirigido a organizaciones de la sociedad civil y a ciudadanos enfocados a la defensa de los derechos humanos en la ciudad.

Durante la clausura del Foro Internacional “Crecimiento Urbano y Derechos Humanos: Desafíos para la Política Urbana en la Ciudad de México”, organizado por la SECITI y la CDHDF, el funcionario dijo que el derecho a la ciudad es colectivo y debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos para construir ciudades justas e incluyentes.

“El derecho a la ciudad está fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. Es un derecho que garantiza derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura una justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación ciudadana”, subrayó el funcionario.

Se estima, agregó, que 65 por ciento de las viviendas necesarias están aún por construirse, lo que brinda una oportunidad a la CDMX para construir edificios amigables con el entorno y cambio climático, así como planear mejoras en el transporte y los recursos hídricos.

“La Ciudad de México, como sabemos, es compleja y diversa, así como quienes la habitan y transitan, lo que impulsó a integrar en la Constitución de la CDMX derechos humanos garantistas, como la movilidad urbana, el agua, la vivienda, la vía pública, espacios públicos. Estos son de los derechos más vulnerados, según las quejas y denuncias recibidas en la CDHDF”, puntualizó.

A través de un comunicado, la CDHDF informó que el pasado 3 de agosto esa institución comunicó al Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, sobre la situación de las impugnaciones de la PGR ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La acción es parte de la campaña de defensa de la Constitución Política de la Ciudad de México.

En el documento, la Comisión reportó a la OEA un breve panorama de los esfuerzos históricos por profundizar la democracia en la capital del país y del proceso de Reforma Política de la Ciudad, que tuvo como cúspide la instalación de la Asamblea Constituyente y, como producto, la aprobación de la Constitución.

De igual modo, se enfatizó que la entrada en vigor de dicha Constitución (en septiembre de 2018) garantizará ampliamente el goce y ejercicio de derechos de las personas que habitan y transitan por esta Ciudad, con un enfoque transversal desde las perspectivas de derechos humanos, género, interculturalidad, intergeneracional, diseño universal, derecho a la ciudad, participación ciudadana y derecho a la buena administración. Por ello, se le pidió dar seguimiento a este asunto y, en su caso, pronunciarse.

Ante esta petición, el 31 de agosto de 2017, el Secretario de la OEA respondió que dicho organismo está informado sobre el debate en curso en México respecto a la Constitución y que seguirán monitoreando la situación en tanto se analizan las acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN.

En el auditorio Josefina García Quintanar del Polifórum “Carlos Martínez Balmori”, de Ciudad del Conocimiento, Muñoz Ledo detalló los hechos que llevaron a la redacción de esta carta magna.

La constitución es el resultado de años de impulso de una agenda por otorgar a los habitantes de la Ciudad de México plenos derechos.

En julio pasado fue sometida al control constitucional por la suprema Corte de Justicia de la Nación por cuatro impugnaciones presentadas por los partidos Morena, Nueva Alianza, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, que en principio, cuestionó la validez total de su aprobación, lo cual fue considerado infundado por los ministros.

Más adelante, enfrentará los cuestionamientos sobre los derechos que ofrece a los habitantes de la misma.

Muñoz Ledo recibió además la beca académica como Profesor Honorario Visitante Nacional, que otorga la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).