Destacó que se estudiarán en conjunto con todos los grupos parlamentarios y, en caso de ser necesario, se consultarán algunos puntos con la Consejería Jurídica de la Ciudad de México.

Explicó que en su mayoría algunas de los señalamientos son relativos a procedimientos, por lo que confía que se resolverá en forma efectiva y en un breve lapso.

La Ley de Alcaldías es una de las cinco leyes constitucionales que aprobó la ALDF por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México; fue resultado de mesas de trabajo, donde diversas expresiones políticas participaron y aprobado el pasado 21 de diciembre del 2017.

Recordó que las Alcaldías sustituirán a la figura de Jefaturas Delegacionales, impulsarán la participación ciudadana en la toma de decisiones y contarán con contrapesos a través de la figura de los concejales, lo cual abonará a la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos de proximidad.

Esta nueva forma de gobierno será vigente a partir octubre de este año, por lo que la ALDF mantiene su compromiso por un marco jurídico que garantice el bienestar de los ciudadanos.

Durante la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de esta Comisión Legislativa, su presidente, el diputado local José Manuel Ballesteros López, destacó que se incrementarán a más de 100 las facultades del Congreso local, en comparación con las 38 que actualmente tiene la ALDF.

Entre las nuevas facultades se encuentran realizar designaciones y nombramientos al titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Jefa o Jefe de Gobierno en el caso de falta absoluta, integrantes de los consejos ciudadanos, y Magistradas o Magistrados del Tribunal Superior de Justicia a propuesta del Consejo de la Judicatura, entre otros.

Asimismo, comentó que actualmente la Asamblea Legislativa cuenta con 38 comisiones ordinarias, 16 especiales y 10 comités, lo que da un total de 64, pero el Congreso de la Ciudad de México tendrá únicamente 31 comisiones ordinarias y 9 comités, lo anterior para estar en congruencia con el tema de austeridad con el que deben operar las instituciones, dependencias y órganos de gobierno.

El diputado Manuel Ballesteros destacó que el Congreso de la Ciudad de México iniciará funciones en septiembre de 2018 y sesionará más tiempo en sus dos periodos ordinarios, el primero comprenderá del 1 de septiembre al 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando la persona titular del Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo caso, podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo dará inicio el 1 de febrero de cada año y culminará el 31 de mayo del mismo.

“El presente dictamen está conformado con un total de 12 títulos y  56 capítulos que en su total conforman 147 artículos, éstos regulan la forma, estructura, organización y procedimientos que se llevarán a cabo en el Congreso”, explicó.

En cuanto a su integración, se conformará por 66 diputaciones, 33 electas según el principio de mayoría relativa y 33 según el principio de representación proporcional,  y deberá cumplir con el principio de paridad de género.

Asimismo, el Congreso contará con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que integren al Pleno. La Presidencia de la Mesa Directiva será rotativa cada año y no podrá depositarse simultáneamente en representantes de mismo partido político.

Respecto al Reglamento de la Ley del Congreso de la Ciudad de México, el diputado informó que cuenta con 12 títulos, 35 capítulos y 99 secciones que en su conjunto integran 527 artículos.

“Es importante señalar que El Congreso deberá actuar en todo momento conforme a los principios de parlamento abierto, transparencia y  máxima publicidad,   interés social, proximidad gubernamental y el de buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente”, subrayó.

Con esto, se avanza en la armonización de las leyes con la Constitución Política de la Ciudad de México.

La diputada Elizabeth Mateos Hernández recordó que la Carta Magna Local señala hacer cambios a los ordenamientos jurídicos vigentes con los cuales se dote de certeza jurídica a la ciudadanía que habita y/o transita por esta Ciudad Capital.

Por ello la Administración Pública debe observar lineamientos que reflejen una visión para
el ejercicio del servicio público tal y como se establece en el Título VI denominado Del
Buen Gobierno y la Buena Administración del artículo 60 de la Constitución Política antes
referida.

Mencionó que los adultos mayores son uno de los grupos sociales más vulnerables en nuestra sociedad que presentan problemas como la exclusión social como: abandono familiar, el desempleo, la mala atención médica, en general la falta de seguridad social.

Mateos Hernández dijo que en la Ciudad de México, el 73.5% de las personas mayores de 65 años no cuenta con ningún tipo de jubilación o pensión contributiva, viéndose limitadas para atender sus necesidades básicas.

El dictamen aprobado fue remitido al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

Durante su conferencia La figura de las alcaldías en la CDMX; tras la Reforma Política, la investigadorapidió no hacer de las alcaldías unos feudos.

Criticó que la gobernabilidad no considera al ciudadanos capaz de participar en el gobierno, por lo que existe centralización de la figura política, y por ello es necesario pensar en el Gobierno como una especie de red en el que interactuén los actores políticos y sociales.

“Las funciones en la Constitución Política de la Ciudad de México hablan de funciones concurrentes que sean consideradas con la gobernanza”, mencionó la académica.

Puntualizó que dentro de la Carta Magna local, el tema de las alcaldías como órgano político administrativo tiene como objetivo planear y estructurar desde el paradigma de la gobernanza.

También planteó que en la Constitución Política de la Ciudad de México, se integran los mecanismos de democracia directa y de participación ciudadana enlistando entre ellos: el plebiscito, referéndum, audiencia pública y la revocación de mandato.

En tu turno, Miguel Errasti Arango, director del Instituto , dijo que el objetivo del trabajo parlamentario de cada uno de los congresos encargados son promover las leyes en beneficio de los ciudadanos.

Resaltó que en 2018 una vez que se transforme la ALDF en un Congreso, se podrá redefinir este órgano, a través de las leyes secundarias, a fin de fortalecer la administración pública y la gobernanza.

A su vez, refirió es indispensable fortalecer la participación ciudadana para llegar a acuerdos encaminados a tener una armonía social, por ello, los diputados deben emprender acciones para enriquecer esta materia.

En su participación, Pedro Noguerón de la Roquette, director general de Estudios Legislativos del Congreso de Hidalgo, presentó su ponencia Autonomía de gestión de los municipios vs alcaldías.

Sergio Álvarez Mata, director general del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de Morelos, titulado La figura de los Municipios en los Estados, en el cual se dio la pauta a establecer instrumentos de cooperación local con los municipios y cómo está integrado cada uno.

Agregó que debe existir responsabilidad económica como en el caso de los endeudamientos de las alcaldías.

El director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Miguel Ángel Errasti Arango, clausuró el seminario que su última sesión fue dedicada al análisis del pluralismo en la Constitución Política de la Ciudad de México.

Como parte de esta ceremonia, el titular de este instituto entregó un reconocimiento a los participantes “como símbolo del esfuerzo y las ganas de seguirse capacitando para aportar lo mejor de sus conocimientos a la capital del país”, subrayó.

Por lo que refiere al próximo año, su director se comprometió a seguir trabajando en la firma de convenios con instituciones educativas, públicas y privadas, a fin de ampliar la oferta de capacitación en el ámbito legislativo.

Asistieron estudiantes de derecho, asesores técnicos de diputados y abogados. Los cursos fueron impartidos por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Azcapotzalco, Escuela Libre de Derecho y la Universidad Panamericana.

La maestra María Guadalupe Martínez Fisher, encargada de la coordinación de este seminario, puntualizó que el principal objetivo fue reflexionar la relación que existe entre la ética y el derecho.

A lo largo de cinco sesiones, agregó, se abordaron temas de relevancia como Ética y Constitución de la Ciudad de México; la Fundación Social del Suelo de la Constitución de la Ciudad de México; El Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México; Ética y Derecho Ambiental en la Constitución de la Ciudad de México y  Concepto de Pluralismo en la Constitución de la Ciudad de México.

En la última sesión, efectuada en el auditorio Benito Juárez de la ALDF, participaron con ponencias el doctor Julio Moguel Viveros, especialista en temas sociales, y el maestro José Alberto Aguilar Iñárritu, quienes analizaron la relevancia de la inclusión del pluralismo en el texto constitucional de esta capital.

Al comparecer ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes, la funcionaria también celebró el avance alcanzado en la Carta Magna local que plasma los derechos de las personas indígenas y habitantes de pueblos y barrios originarios.

“También ante este escenario la Constitución de la Ciudad de México ha reafirmado su vocación hospitalaria al dejar claro que en esta ciudad migrar es un derecho, no un delito, y que toda persona en movilidad humana, independientemente de su situación jurídica, tiene la protección de la ley”, agregó.

Mencionó que por los nuevos derechos que podrán ser ejercidos en septiembre de 2018 y que que reconoce los derechos a la población rural, indígena y migrante, se requieren mayores recursos económicos y humanos. Por lo tanto, esperan un presupuesto adecuado.

En su turno, el diputado Juan Gabriel Corchado dijo reconocer los apoyos, el fomento y acciones de esta Secretaría para alcanzar la consolidación de lo asentado en la Constitución como una ciudad con vocación hospitalaria, inclusiva, intercultural y pluriétnica.

“Una Constitución que incluyó de manera íntegra la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas como piso mínimo de los derechos constitucionales para este grupo de la población”, resaltó.

El diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo mencionó que la función notarial es una responsabilidad, lo que obliga a actuar con prudencia jurídica e imparcialidad, basada en los principios de la ética y legalidad de la Constitución.

“Se incorporó una disposición que permite que los informes del último domicilio no sean
necesarios cuando se obtenga el informe expedido por el Registro Nacional de
Testamentos. Con esto se permite evitar la demora de las tramitaciones y brindar un
servicio libre a las personas.

“Queremos dejar atrás los trámites engorrosos y el objetivo es que más personas cuenten con un testamento asegurando su última voluntad. Esta ley acompaña y facilita la transición al Colegio de Notarios en el nuevo paradigma que establece la Constitución de la Ciudad de México que entrará en vigor el siguiente año”, mencionó.

En tanto, la diputada Elizabeth Mateos destacó que es de suma importancia armonizar el contenido de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, conforme a lo establecido en el artículo 11 F de la Constitución Política de la Ciudad de México, y en el caso que nos ocupa la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores en el Distrito Federal debe contemplar en su contenido cada una de las
propuestas constitucionales a fin de armonizar su artículo en el marco jurídico de la
Ciudad de México.

La Ley de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal debe contemplar en su
contenido cada una de las propuestas constitucionales a fin de armonizar su articulado en
el marco jurídico de la Ciudad de México.

Para ello, presentó una iniciativa que consiste en reformar diversos artículos y la
denominación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito
Federal, armonizando su contenido con lo que marca la Constitución Política de la Ciudad
de México.

Mientras que el diputado Miguel Ángel Hernández reiteró que la ALDF está trabajando y está haciendo una labor importante acorde a la reforma en torno a los derechos humanos a la reforma constitucional de junio del 2011.

Especificó que se busca fortaler los derechos de los adultos mayores, seguir
cumpliendo con este principio de progresividad.

En turno, Víctor Hugo Romo presentó una propuesta que busca aplicar de manera responsable acorde a las necesidades del equipamiento urbano, precepto que ha sido considerado en el texto de la nueva Constitución de la Ciudad de México, tal como se enuncia en el artículo 16 de la misma.

Durante un conversatorio con parte de la comunidad afromexicana que radica en la Ciudad de México, Ledesma Rivera mencionó las situaciones de discriminación y la importancia de visibilizar este tema.

Recordó que durante la elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México uno de los obstáculos fue definir el término que sería plasmado y que al final se optó por afrodescendientes y afromexicanos.

Mencionó que para lograr los votos que necesitaban para que fuera aprobado el artículo que reconocía la presencia de la raíz negra en la cultura mexicana recurrieron al discurso histórico como que Vicente Guerrero es de origen afromexicano.

Tobyanne Ledesma consideró necesarias las políticas públicas que se puedan derivar del reconocimiento de la comunidad en la Constitución local.

“No tengamos miedo a la diferenciación eso hace al país un México rico y cultural”, resaltó quien se definió como afrochilanga.

Participación de Tobyanne Ledesma en encuentro afro.

El artículo 11 del apartado Ciudad Incluyente, apartado N, especifica:

Derechos de personas afrodescendientes
1. Las personas afrodescendientes gozan de los derechos reconocidos por esta Constitución. Tienen derecho a la protección y promoción de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural, artístico, material e inmaterial.
2. Las autoridades adoptarán medidas efectivas de trato igualitario, en consulta y cooperación con estas personas, para el ejercicio pleno de sus derechos, combatir los prejuicios y estigmas, eliminar el racismo, así como para la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias en su contra.
3. Las autoridades fomentarán la autoadscripción de las personas afrodescendientes mediante campañas de información y sensibilización para su reconocimiento.
4. Esta Constitución reconoce y protege las contribuciones históricas de las personas afromexicanas en la construcción de la nación mexicana y de la Ciudad de México.

Al acudir a comparecer ante la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social, la funcionaria local dijo que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad se prepara para hacer frente a las exigencias que plantea la entrada en vigor de la Constitución.

“Avanzamos para hacer visibles y proteger los derechos laborales de los grupos de atención prioritaria, como se ha mencionado aquí en las intervenciones de los señores diputados, tales como las trabajadoras asalariadas del hogar, de quienes trabajan en tarea de cuidado asalariado y no asalariado, que es un trabajo indispensable para la reproducción social”, dijo.

Aseguró que la Ciudad de México es un espacio de libertades y derechos, y por ello la Constitución local incluye un capítulo laboral.

“Es necesario señalar que el tema laboral contenido en el Artículo 10 que a su vez forma parte de los primeros 19 Artículos, implica una perspectiva garantista que resulta fundamental para nuestra Ciudad y para esta Secretaría que ahora tiene de manera explícita el deber de promover, proteger y garantizar el derecho humano
al trabajo”, aseguró.

Informo que la Secretaría participó de manera muy relevante en los trabajos para
aportar al contenido del Capítulo Laboral del Proyecto de Constitución.

García Medina agregó que La Asamblea Constituyente hizo un gran trabajo para construir coincidencias que permitieron la aprobación de una de las constituciones más avanzadas en el mundo actual.

Durante la comparecencia del secretario de Turismo del Gobierno capitalino, Armando López Cárdenas, ante las Comisiones Unidas de
Turismo y Fomento Económico, la diputada señaló que la Organización Mundial del Turismo exhorta a desarrollar un turismo social que permita
a la mayoría de los ciudadanos, incluidos los jóvenes, los estudiantes, las personas
adultas mayores y con discapacidad, los viajes y las vacaciones.

Al respecto, mencionó que el artículo 13, inciso F, de la Constitución Política de la Ciudad de México establece el derecho al tiempo libre que dice textual: “En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a tener tiempo para la convivencia, el esparcimiento, el cuidado
personal, el descanso, el disfrute del ocio y a una duración razonable de sus jornadas de trabajo. En atención al principio de igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán políticas sociales, económicas y territoriales que liberen tiempo y permitan a las personas alcanzar el bienestar”.

Durante la comparecencia, la diputada pidió al secretario que informara sobre las acciones emprendidas para garantizar ese nuevo derecho a los capitalinos, quienes podrán ejercerlos a partir de septiembre de 2018.

El secretario informó que el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio instrucciones para potencializar y permitir a los habitantes de la Ciudad de México tener acceso a todas sus atracciones o el mayor número de atracciones posibles y que los habitantes de la Ciudad de México conozcan cada vez más y mejor su ciudad a través del turismo social.

“Lo virtuoso de este programa que se potencializó es de que antes íbamos a
20 atracciones públicas, pero ahora vamos a más de 100 privadas”, aseguró el funcionario.

La actividad turística aporta más de 8.5 en el Producto Interno Bruto nacional,
en su mayoría generado a través de servicios como alojamiento, transporte de pasajeros,
bares, restaurantes, agencias de viajes, servicios de alquiler y negocio.

Además, crea más de 2.3 millones de puestos, es decir casi el 6% de los trabajadores ocupando el total nacional, esto se debe en gran medida al desarrollo
de políticas públicas orientadas al desarrollo de la industria turística.