Presenta bancada panista proyecto sobre Ley de Gobierno Electrónico

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Jorge Romero Herrera presentó ante el Pleno una iniciativa con proyecto de decreto sobre la denominación de la Ley de Gobierno Electrónico del Distrito Federal con la intención de mejorar la interacción del gobierno con sus habitantes.

Como parte de la armonización con la Constitución Política de la Ciudad de México, el diputado mencionó que la Carta Magna debe tener la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones que deben garantizar el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto.

La propuesta consiste en que las alcaldías adopten instrumentos de gobierno electrónico y abierto para garantizar los principios de buena administración, buen gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, atención y participación ciudadana y sustentabilidad.

Que las personas titulares de las Alcaldías de manera exclusiva tengan la atribución de proponer, formular y ejecutar los mecanismos de gobierno electrónico y políticas de datos abiertos que permitan atender de manera efectiva las demandas de la ciudadanía dentro de su demarcación.

Además, que se reconozca y garantice como parte de los derechos de los pueblos y barrios originales y comunidades indígenas residentes el acceso a las tecnologías de la información y comunicación tales como el acceso a internet de banda ancha.

Por la garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública las tecnologías de la comunicación sean un instrumento eficaz para asegurar que se cumplan dentro de la administración pública de la Ciudad los conceptos de buena administración pública y gobierno abierto.

Dentro del derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica se establezca como parte del gobierno electrónico el acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los espacios públicos y edificios gubernamentales.

También que La ciudad cuente con la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones que garantice la transferencia, almacenamiento, procesamiento de información, la comunicación entre dependencias de la administración pública, así como la provisión de trámites y servicios de calidad a la población.

Y por último, el cambio de denominación del ordenamiento legal para quedar como Ley del Gobierno Electrónico de la Ciudad de México.

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