Las leyes secundarias no se frenan en la ALDF

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Ante las controversias constitucionales contra la Constitución Política de la Ciudad de México, el proceso parlamentario en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para elaborar las leyes secundarias no se frena.

Así lo afirmó el presidente de la Comisión de Gobierno, el Diputado Leonel Luna, quien dijo que en próximo periodo ordinario de sesiones que da inicio este miércoles comenzarán a presentarse las propuestas de leyes en materia electoral, que es la que más urge, pues deberá ser aprobada antes del 31 de mayo.

“Esto no frena el trabajo que está llevando a cabo la ALDF. Tanto los grupos parlamentarios, como los grupos de trabajo están trabajando en las iniciativas que se presentarán durante el próximo periodo ordinario”, dijo Luna Estrada.

El plazo fatal para aprobar la legislación en materia electoral de la Ciudad de México corresponde a 90 días antes del inicio del año electoral 2017-2018 y sienta las bases para el proceso de elección de los nuevos gobiernos locales, que serán las alcaldías, con una nueva organización, planteada en la Constitución de la Ciudad de México.

El texto fundamental entra en vigor el 17 de septiembre de 2018, salvo en el aspecto electoral, pues el próximo año deberá de elegirse el primer Congreso de la Ciudad de México, con 33 diputados bajo el principio de mayoría relativa y 33 bajo el de representación proporcional y además incluye nuevas formas de impugnación.

“La Corte tendrá que ser muy responsable en cuanto al cuidado de los tiempos. Hay una ley que nos preocupa que es la ley electoral y debe estar lista para el 31 de mayo. Consideramos que la Corte está tomando muy en cuenta los tiempos para la aprobación de la ley electoral”, dijo el diputado Luna Estrada.

También anunció que se incluirá la medición del impacto social en la aprobación de las leyes secundarias, durante la entrega del padrón de beneficiarios de los 13 programas sociales impulsados por el gobierno de la Ciudad de México.

Destacó que la legislación moderna incluye este elemento muy importante para determinar beneficios, pero también detectar consecuencias negativas antes que pudieran surgir después de la aprobación de una ley.

“Se trata de un proceso de análisis y de tratamiento y, aunque todas las leyes persiguen un bien común, es necesario medir el impacto social derivado del desarrollo de proyectos y servicios en la comunidad”, recalcó.

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