El combate a la corrupción, tema obligado en la Constitución CDMX

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La nueva Constitución de la Ciudad de México será una excelente oportunidad para incluir normas que inhiban la corrupción, coincidieron magistrados y especialistas.
La nueva Constitución de la Ciudad de México será una excelente oportunidad para incluir normas que inhiban la corrupción, coincidieron magistrados y especialistas.

La corrupción debe combatirse evitando la impunidad, por lo que el Sistema Nacional Anticorrupción deberá ser un parteaguas para comenzar a sancionar esta conducta.

La nueva Constitución de la Ciudad de México será una excelente oportunidad para incluir normas que inhiban esta conducta, coincidieron juristas, autoridades y magistrados el Foro Anticorrupción,  con miras a la Constitución de la Ciudad de México, organizado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la serie Foros hacia la Constitución de la CDMX, en coordinación con la Asamblea Legislativa del DF.

Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, destacó cinco puntos clave para combatir este problema.

El combate a la corrupción debe ser una política de Estado y prioritaria para la Ciudad de México. Este combate debe de pasar de los hechos de corrupción a las redes de corrupción, dijo.

Además, se debe prever la comunicación entre los sistemas nacional anticorrupción y el sistema de transparencia. Como cuarto punto, señaló que la Legislación secundaria deberá adecuarse a las convenciones internacionales en materia anticorrupción que ha suscrito México,  y legislar en tres aspectos aún no son conocidos en la legislación secundaria: los hechos de corrupción en sí mismos, la responsabilidad penal de las personas morales, así como la homologación en materia de prescripción penal.

Y finalmente, dijo que se debe dotar a las instituciones participantes de una suficiente independencia, que no de autonomía y que se combinen las acciones de prevención, de participación ciudadana y una reforma a la cultura, que debe de contener los principios de la ética y el bien común en las políticas públicas.

 

La Contraloría anuncia nuevas acciones de auditoría y vigilancia de las declaraciones

El contralor General de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, destacó las acciones que en materia anticorrupción se han emprendido desde el gobierno de la capital del país.

Se prevé oficializar la iniciativa 3 de 3, que obliga a los funcionarios a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Se contará con una Unidad de Inteligencia al interior de la Contraloría para verificar que lo que se declara coincida con la realidad.

Hasta ahora solo se han hecho obligatorias la primera y última y este año se incorporará la obligatoriedad de la declaración fiscal.

Además, se vigilará que en la documentación que se entrega como requisito para cumplir con un cargo sea veríficado, pues  casi nunca se verifica su autenticidad.

Además, se está aplicando una modalidad de auditoría “en tiempo real”, para no esperar a que concluya el ejercicio de recursos para comenzar a auditar.

“El gobierno ha puesto en marcha la auditoría en tiempo real que se contrapone al principio de anualidad. De forma aleatoria estamos revisando obra, recursos humanos, diversos contratos y hemos sancionado algunas conductas irregulares”, explicó el contralor Rovelo.

Adelantó que en el rubro de la detección, harán una protección legislativa integral de la identidad laboral y ascenso de las personas que denuncien actos de corrupción y se dará seguimiento al presupuesto ejercido con base en resultados.

 

La corrupción ¿crimen organizado?

El senador del PRD Luis Humberto Fernández Fuentes propuso que la corrupción se tipifique como un delito del crimen organizado, pues para que se dé, debe haber toda una red de complicidad.

“No pensemos en el corrupto como una persona aislada. Hay redes que tienen una ingeniería fiscal, una ingeniería jurídica electoral. Tienen todo un aparato para poder hacer dinero a costa de lo público”, dijo.

Propuso que en la Constitución de la Ciudad de México debe haber una decisión política de combatir a los corruptos, con sanciones claras y que acote el poder para que no se dé en  beneficio de los funcionarios.

“En México no se castiga la corrupción a nivel nacional. Lo que se ha sancionado es la mala suerte política. Todos han sido porque han tenido mala suerte”, dijo el senador del PRD.

También propuso una supervisión cruzada del vigilante de la administración pública para evitar situaciones.

“Todos los lugares donde haya un peso de los contribuyentes, deben de estar sujetos a rendición de cuentas: fondos, fideicomisos, sindicatos, partidos políticos. No veo por qué hacer una excepción. Sería muy dañina y nadie busca esconderse de la transparencia para algo bueno”, expresó el senador.

 

En su oportunidad, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia local e integrante del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México, Juan Luis González Alcántara Carrancá, dijo que el Consejo de la Judicatura necesita complementarse de un organismo ciudadano para dar seguimiento a los casos y que haya un “defensor de los justiciables”.

El magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Manuel García-Pelayo, se pronunció por que todos los delitos e irregularidades administrativas donde participen más de tres personas, deben ser castigados.

“Hay que despolitizar la lucha anticorrupción y evitar el conflicto de intereses”, expresó.

Y sugirió que se incluya en el procedimiento al principio de proporcionalidad y de la verdad.

Los participantes coincidieron en que México ha suscrito tratados a nivel internacional en materia de combate a la corrupción, donde sí hay definiciones de esta conducta.

Entre los países de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el país con un peor nivel de evaluación en este rubro.

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