Analizan la función social del suelo en la Constitución Política de la CDMX

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El Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizó la tercera sesión del seminario Ética y Derecho, con el tema “La función social del suelo en la Constitución de la Ciudad de México”, al cual acudieron expertos de la academia en las áreas de la sociología, derecho y urbanismo.

El director general del Instituto, Miguel Ángel Errasti, expresó que este espacio es una forma de vincular el trabajo legislativo con la academia.

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“Cuando tuvimos la intención de charlar sobre la función del suelo, lo que menos pensamos es que nos enfrentaríamos a una situación como la del sismo del 19 de septiembre (…) Nunca pensamos que iba a suceder lo que sucedió”, dijo el director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias.

La doctora Jasmín Anavel Monterrubio Redondo, de la UAM Azcapotzalco, planteó en su ponencia que el concepto de ciudad es un producto social y que debe servir al bien común.

Señaló que el derecho a la propiedad es un derecho humano; sin embargo, tiene una relación social de exclusión. Entre los desafíos del régimen de planeación urbana, destacó que los legisladores deben basar su postura en el bien común y que se requiere de una planeación urbana con principios éticos.

En su turno, el doctor Antonio Azuela de la Cueva, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, coincidió en la relación social de exclusión incluida en el concepto de propiedad privada. Cuestionó si la propiedad privada tiene una función o no, pues esto implica una relación de poder y es el de excluir.

Explicó que el significado de la propiedad de cada objeto va a ser variable y que el sujeto de la propiedad le imprime su carácter, si es un empresario, una familia o una empresa y que la propiedad privada es una relación social compleja y diversificada.

Como un ejemplo de los retos de la urbanización y la propiedad en medio de espacios con alta especulación, el arquitecto Enrique Ortiz Flores, de HIC-Hábitat Internacional Coalition América Latina, habló del desplazamiento de las familias pobres a otras zonas de la ciudad, lo cual afecta su calidad de vida por largos traslados y a sus familias debido a las largas ausencias de los padres.

Expresó que ha habido un desalojo invisible porque el precio del suelo se ha elevado generando una oferta masiva de microviviendas en la zona periférica de la ciudad con impactos negativos y creando una expansión irracional de ciudades dormitorio. Ante ello, planteó la necesidad de mantener políticas que permitan la adquisición de suelo por parte de productores sociales organizados.

El doctor Francisco Javier Dorantes, director de Relaciones Interinstitucionales de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, destacó que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no hay una mención sobre la función social de la propiedad.

Explicó que no es sencillo legislar sobre el concepto de la función social de la propiedad, y que la función social de la ciudad tiene que ver con el derecho a la Ciudad. Esto no como un derecho específico, sino como un grupo de derechos, como son la movilidad, el trabajo y la salud, entre otros. En ese sentido, la función social de la Ciudad sería el género y la función social de la propiedad sería la especie.

Martín Gabriel Rosas, secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Urbano de la ALDF, en representación de la diputada Margarita Martínez Fisher, dijo que tras el sismo, la Comisión trabaja en la dictaminación de la Ley del Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX, enviada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

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